Denuncias - Querellas Penales - Acusaciones particulares - Representación en Actos de Imputación - Medidas alternativas a la prosecución del proceso - Acuerdos reparatorios - Suspensión condicional del proceso - Representación y asistencia a la victima - Audiencias de flagrancia - Privación judicial preventiva de libertad - Medidas cautelares sustitutivas

Audiencia preliminar - Revisión de medidas cautelares - Oposición de excepciones - Procedimiento por admisión de los hechos - Ofrecimiento de pruebas para el juicio oral

Exposición y alegatos de defenda - Tramites de incidencias - Declaración del acusado - Recepción de pruebas - Interrogatorio y contrainterrogatorio a expertos y testigos - Exposición y cierre del debate oral

Ejecución de pena y medidas de seguridad impuestas en sentencia - Garantías en el cumplimiento efectivo de las penas decretadas por el juez - Satisfación de perjuicios causados por el hecho delictivo a la víctima - Ejecución de las penas privativas de libertad - Ejecución de responsabilidades civiles decretas - Ejercicio de todos los derechos y facultades que las leyes penales y penitenciarias le otorgan al penado.

Recurso de revocación - Recurso de apelación de autos - Recurso de Apelación contra Sentencias Definitivas - Recurso de casación - Recurso de revisión - Acción de Amparo Constitucional

Procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves - Procedimiento abreviado - Procedimiento por admisión de los hechos - Procedimiento en juicios contra altos funcionarios - Procedimiento de extradición - Procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte - Procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad - Procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios

Denominamos como delito o delitos a todas aquellas acciones, actividades y comportamientos voluntarios o imprudenciales, que contravienen lo establecido por la ley. En un estado de derecho en donde imperan las leyes, todo aquel que realiza algún delito o actividad violatoria de las normas jurídicas, recibe las consecuencias jurídicas correspondientes, es decir, que recibe un castigo, que está estipulado en las propias leyes teniendo en cuenta tanto agravantes como atenuantes y otros factores. En otras palabras, quien comete un delito se ve sometido a un procedimiento judicial que tiene como finalidad establecer una pena, como castigo, dependiendo de lo que se haya hecho.
Delitos comunes son actos delictivos tipificados como del fuero común, se trata de actos delictivos sin trascendencia general a diferencia de otros como por ejemplo los delitos de drogas, contra la corrupción, contra el ambiente. Entre los delitos comunes podemos encontar delitos como el robo, hurto de vehículo automotor, homicidio, lesiones, estafas.

Conforme a lo establecido en el Art. 55 del Código Orgánico Procesal Penal, La jurisdicción penal es ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes. La Jurisdicción Penal Ordinaria es la que rige como regla general en todos los procesos penales y como excepción la jurisdicción especial conocida como extraordinaria o privilegiada, esto es la ejercida con limitación a asuntos determinados, respecto a personas que por determinadas razones están sujetas a ella por tribunales especializados donde se aplica leyes especiales, así tenemos la jurisdicción militar; la jurisdicción de menores, etc.

La medicina es una disciplina cuya comprensión amerita un grado de conocimientos técnico – científicos, que excluye al común de las personas. Su jerga, en sí misma, ya es una limitante para quien no se ha formado en ese campo profesional. No obstante, el común de la gente ha tenido diferentes experiencias relacionadas con ese ámbito; y por ello es usual que las personas, sin distingo de estratificación social, etárea, o de otra naturaleza, comenten sobre vivencias con médicos, clínicas y, en general, diversidad de situaciones relativas a la salud, con mayor o menor propiedad, según el caso concreto.
Sin embargo, si bien resulta aprehensible la percepción o el grado de conocimiento popular o informal sobre casos o experiencias de ejercicio médico; no ocurre lo mismo con el grado de conocimiento o percepción que puedan tener los profesionales de la medicina sobre la responsabilidad, que desde el punto de vista penal, implica la praxis médica.
Los médicos desconocen la medida en que la noción de Responsabilidad Penal puede o no estar presente en el ejercicio de su profesión; antes bien, sí es posible identificar investigaciones sobre lo que los abogados sabemos con respecto a la Responsabilidad Médica.
Por lo tanto, en virtud de esta complejidad, la apreciación de la culpa médica supone relativa flexibilidad para evaluar las condiciones particulares en que se producen los hechos, según el caso; y nuestra tarea como abogado en el supuesto de la defensa de los derechos e intereses de un paciente lesionado o un médico inculpado, consiste en articular, conforme al supuesto de hecho previsto en la ley, las orientaciones doctrinarias y jurisprudenciales para construir un argumento suficientemente sólido con el propósito de lograr una determinada pretensión.

Las sanciones penales para las empresas, sus directivos y representantes derivadas de la relación laboral están establecidas en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ( LOPCYMAT) y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales contemplan ilícitos penales que se sancionan con pena de arresto o prisión al empleador o sus representantes. La LOTTT contempla importantes ilícitos penales o delitos que conllevan a penas privativas de libertad al empleador o sus representantes cuando incurran supuestos penales establecidos en la citada norma.
La LOPCYMAT también establece responsabilidad penal para los empleadores con ocasión de los infortunios de trabajo, siempre que la situación sea reprochable a los patronos y se haya producido con ocasión de la labor que prestan los trabajadores.

Los cargos presentados por violencia doméstica son situaciones jurídicas complicadas colmadas de emotividad, frustración y consecuencias de por vida. La violencia doméstica es una acusación seria, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley investigan y procesan agresivamente estos incidentes para garantizar que las personas estén seguras y protegidas dentro de sus hogares.
La agresión y violencia doméstica abarca muchas formas, y la acusación puede resultar de un gran número de circunstancias que ocurren dentro del hogar o fuera de este incluyendo el ámbito laboral. Algunas veces, una situación en el hogar se sale de control debido a que las partes involucradas están demasiado exaltadas. Si usted es víctima de agresiones domésticas o existe una acusación en su contra por un delito de esta naturaleza, es importante buscar a un abogado bien informado para enfrentar la situación y asegurar que usted y sus derechos sean protegidos logrando el mejor resultado posible.

Constitucionalmente de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Carta Magna, los delitos de índole económico son sancionados severamente por la legislación venezolana, donde se señalan entre otros la especulación, el acaparamiento, el boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, contrabando de extracción, usura genérica, usura en operaciones de financiamiento, captación indebida de recursos, Apropiación o Distracción de Recursos de Instituciones Financieras, defraudación tributaria, entre otros.
Las acciones punibles previstas en algunos de estos tipos penales adolecen de serios errores de técnica legislativa que atentan contra el principio de tipicidad inequívoca, siendo capaces de inducir en graves errores a los operadores de justicia ante conductas descritas en forma tan amplia e imprecisa.